• Magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, Rainier A. Del Rosario Franco, y contralor Anel Flores destacan los obstáculos para la recuperación por lesiones patrimoniales al Estado.

Panamá, 9 de octubre de 2025. El Tribunal de Cuentas controlará el cumplimiento de las medidas precautorias que dicte la Contraloría General de la República (CGR) en casos de supuestas lesiones patrimoniales, expresó hoy el magistrado presidente del TC, Rainier A. Del Rosario Franco, durante una conferencia de prensa junto a Anel Flores, jefe de las finanzas públicas.

El magistrado Del Rosario Franco se refirió a la reciente Resolución 3126 de 2025, que faculta a la CGR a suspender el pago de salarios y secuestrar el patrimonio de los agentes y empleados de manejo, funcionarios y cualesquiera personas que se encuentren vinculadas a las irregularidades descubiertas en el manejo de fondos y otros bienes públicos.

Advirtió que el TC enfrenta obstáculos en los procesos de recuperación de los bienes del Estado, ya que actualmente transcurren años desde que se ordena una auditoría en Contraloría y esta llega a la jurisdicción de cuentas para emitir una cautelación, por lo que urge la aplicación de esta norma que data de 1984.

“En 2024 pasaron como media cuatro (4) años desde que se inició la investigación en Contraloría y se dictó la primera medida cautelar. En ese tiempo todo el mundo tuvo la posibilidad de deshacerse de los bienes”, señaló el Presidente del TC.

El magistrado Del Rosario Franco advirtió que esa demora tiene consecuencias en la recuperación del patrimonio del Estado, ya que el TC ha emitido condenas por 70 millones de dólares y solo se han declinado bienes por 20 millones de dólares.

Actualmente, el TC mantiene 193 expedientes abiertos, que involucran a 2 mil 42 implicados por una supuesta lesión de 157 millones de dólares al Estado.

Por su parte, el contralor Anel Flores anunció que ya se han emitido más de 40 órdenes de incautación, asegurando bienes por 24 millones de dólares, al tiempo que agregó que las irregularidades detectadas en los procesos auditados superan los 57 millones de dólares.