El magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista Cortéz, junto con su equipo técnico, sustentó ante la Comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional, el anteproyecto de presupuesto para la vigencia fiscal 2022 por la suma de B/. 5,390,743.00.

En su intervención, el magistrado Cigarruista hizo una síntesis de la misión, visión y funciones del Tribunal de Cuentas, resaltando que es una institución, autónoma e independiente en lo funcional, en lo administrativo y en lo presupuestario, con jurisdicción en todo el país.

Como parte importante del plan de trabajo institucional, destacó enérgicamente la responsabilidad que tiene esta entidad frente al país y sus generaciones, de reformar la Ley 67 de 2008, para implementar la jurisdicción coactiva y de esa forma poder ejecutar las sentencias y lograr mayores recaudaciones para las arcas del Estado y, a la vez, lograr la independencia presupuestaria que le presupone el artículo 5 de la referida ley.

Y es que el artículo 84 de la ley 67 del 2008, ordena al Tribunal de Cuentas remitir las medidas cautelares a la Dirección General de Ingresos que, a su vez, tiene la obligación de informar a este, los resultados del proceso de ejecución, según reza en el artículo 87 de la citada ley.

En función de esto, el magistrado Cigarruista se refirió a las estadísticas de bienes declinados a la Dirección General de Ingresos, para la ejecución de las sentencias del 2009 al 2021, que acumulan: 374 bienes inmuebles (fincas), 428 cuentas bancarias y 367 vehículos, para un total de B/.46.8 millones de balboas (según valor catastral), sin que a la fecha esa entidad haya informado el estado de dichos procesos de ejecución.

Con relación a la ejecución del 2021, destacó que, de los 3.8 millones asignados, la Dirección de Presupuesto de la Nación realizó traslados presupuestarios por un monto total de B/. 157,801.00 y que, a la fecha, la ejecución del presupuesto está por el orden del 88%.

En cuanto al proyecto de presupuesto por B/. 5,390,743.00, solicitado por el Tribunal de Cuentas para la Vigencia fiscal 2022 resaltó que, en los Servicios Personales, se requiere mejorar los salarios, y beneficios de los funcionarios, equiparándolos, en lo posible, a los que ostentan los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo dispone el artículo 14 de la Ley 67 de 2008.

Al referirse al presupuesto solicitado para inversiones, por el monto de B/. 442,000.00, explicó que se hace inminente el reemplazo de tres (3) vehículos, con más de nueve (9) años, utilizados por los magistrados, que pasarán al Departamento de Transporte. En consecuencia, pasarán a descarte tres (3) vehículos, dos (2) vehículos con más de 13 años y uno (1) con 10 años, que han cumplido su vida útil y los costos de reparación son onerosos. Además, es de resaltar que, la póliza de seguro de autos gubernamentales, solo da cobertura a los que tienen hasta cinco (5) años, en adelante, solo responde por daños a terceros y lesiones personales.

Finalmente, señaló que se requiere la adquisición de equipos informáticos: para mejoras en el proyecto de digitalización, migrándolo a una nueva versión, y en el proyecto de información, se amerita adquirir una aplicación, una base más robusta que responda a las necesidades de todas las unidades ejecutoras.